Es necesario que en el país se implementen reformas tanto en materia fiscal como hacendaria para evitar que gastos como el de las pensiones o la poca recaudación en los estados estanquen la evolución del presupuesto y la asignación de recursos en áreas como salud, seguridad o educación.
María Fernanda Navarro| Reporte Indigo |18 de Mar, 2021. Las arcas del dinero público en México enfrentan un escenario crítico: los ingresos se reducen y el gasto se engrosa, sobre todo con compromisos ineludibles como el pago de la deuda, el sostenimiento de programas sociales y el cumplimiento de las pensiones.
Por ello la reciente integración del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria en la Cámara de Diputados es una señal de avance para atender estos temas, que en diversas ocasiones se han visto sujetos a agenas políticas, advierte Héctor Villareal, director del Centro de Investigaciones Económica y Presupuestaria (CIEP).
“Tenemos unas finanzas públicas muy muy apretadas, llega un año como 2020 y la economía cae de manera brutal y aunque quisiéramos reaccionar con políticas públicas, nos damos cuenta que no tenemos dinero, ni siquiera para financiar un buen sistema de salud pública, para meterle a educación o a la infraestructura en el país que está muy pauperizada”, señala el especialista en entrevista con Reporte Índigo.
La oportunidad para operar una transición hacendaria de gran magnitud ya se ha planteado desde los primeros años del milenio, con la llegada a la presidencia de Vicente Fox, sin embargo se dejó de lado ante el “boom petrolero” que se registró entre 2003 y 2014, cuyas ganancias llegaron a conformar hasta 40.2 por ciento de los ingresos de la Federación.
“Lo que le caía al erario por la pura renta petrolera por año en este periodo era entre cuatro y cinco puntos del PIB, mucho se fue a estados y municipios, otra parte se quedó, pero desgraciadamente mucho se despilfarró. Se cae la renta petrolera, por ahí de 2014 y 2015 y se pensó que era transitorio pero no lo fue, ese ingreso ya no se recuperó”.
Para 2021 el panorama de las finanzas públicas se complicó aún más con la crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia por COVID-19 en 2020. Un ejemplo claro de ello fue la contracción 0.3 por ciento del presupuesto de egresos comparado con lo que se aprobó para el 2020.
El CIEP advirtió que para atender la emergencia sanitaria y económica el gobierno destinó 511 mil 545 millones de pesos, que representa dos puntos porcentuales del PIB del país, recursos disponibles que resultan de descontar los gastos ya comprometidos a pensiones, participaciones y aportaciones a entidades federativas, pago de servicio de deuda y otros.
REFORMA FISCAL
La Ley de Ingresos de la Federación (ILIF 2021) estima que el Gobierno federal recibirá este año 6.29 billones de pesos que equivalen a 25.2 por ciento del PIB. Los ingresos tributarios representan 63.8 por ciento del total, seguidos de los petroleros con 16.9 por ciento.
Estos ingresos no lograron esquivar el golpe que le propinó la pandemia por COVID-19 en el 2020, y el año pasado ingresaron a las arcas públicas 3.33 billones de pesos por gravámenes, que representa un aumento real de 0.7 por ciento con respecto a lo reportado en 2019.
Pese a los esfuerzos para disminuir la evasión fiscal del SAT, a cargo de Raquel Buenrostro, es indispensable generar una reforma fiscal, advierte Rolando Silva, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México.
“La recaudación se ha sostenido por acciones coercitivas, por obligar a los contribuyentes a que pagaran lo que debían, pero no del gasto común y por ello se requiere ir actualizando impuestos como aquellos de plataformas digitales, la legislación del cannabis, que esto genere un beneficio al país”, explica.
Una reforma fiscal integral también debe revisar las deducciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), impuestos ambientales y el aumento a impuestos sobre las ganancias de capital, es decir, los gravámenes que se enfocan en el beneficio obtenido por la venta de un activo.
Durante el acto de instalación del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, que promete analizar y generar estudios que respalden la realización de una Convención Nacional Hacendaria, una reforma fiscal y una reforma de pensiones, entre otras; Alfonso Ramírez Cuellar afirmó que la idea es llegar a acuerdos para tener una mayor calidad del gasto.
Tenemos un gran campo de acción, no queremos aumentar impuestos o crear nuevos pero sí hacer una revolución y establecer la justicia fiscal en nuestro país de tal manera que fortalezcamos esta tarea que ha llevado el gobierno de la República para disminuir los grandes canales de evasión y elusión fiscal |Héctor Villareal| Director del Centro de Investigaciones Económica y Presupuestaria
